Reivindicación permanente
Francisco Vázquez y Vázquez
Presidente de la FEMP (1991-1995 y 2003-2006)
Alcalde de La Coruña (1983-2006)
En sus cuarenta años de existencia, ha pesado siempre sobre la FEMP una tendencia a limitarse a ser la plataforma reivindicativa de los Ayuntamientos españoles en materia económica, postura además lastrada en algunas etapas por la dependencia partidaria con el gobierno de turno por parte de la mayoría municipal.
Nunca en mis años de actividad política compartí esta posición meramente utilitaria. Siempre consideré que el municipalismo, entendido como una plataforma común institucional de los poderes locales españoles, debía de tener como única y principal exigencia su reconocimiento como uno de los tres poderes de la estructura territorial del Estado y consiguientemente su plena autonomía competencial acompañada de la correspondiente financiación.
La Constitución es clara. Su artículo 137 establece la organización territorial del Estado en Ayuntamientos, Provincias y Autonomías, consagrando la total autonomía de dichas Administraciones para la gestión de sus respectivos intereses. Esta autonomía de los municipios es refrendada categóricamente por el artículo 140 de la Constitución.
Pero desgraciadamente desde el inicio de la Transición política, los Ayuntamientos fueron postergados en beneficio de las Autonomías, debido a la presión, primero de los partidos nacionalistas y posteriormente por el peso orgánico en los partidos políticos de los dirigentes autonómicos.
La marginación institucional de los Ayuntamientos y su dependencia competencial de las Comunidades Autónomas impidió la existencia de un equilibrio político entre las dos estructuras territoriales del Estado, siendo esta desigualdad el principal origen y causa de las peligrosas tendencias y realidades disgregadoras existentes desde hace años en el Estado autonómico.
La Federación Española de Municipios y Provincias tuvo etapas, al menos entre ellas en las que yo fui Presidente, en las que la mayoría de los Ayuntamientos españoles, de todos los colores políticos y partidarios, tuvimos como única estrategia el reconocimiento de nuestra autonomía y la clara delimitación competencial con las otras dos Administraciones, la Central y la Autonómica, para así acabar con el principal lastre económico de los Ayuntamientos, como es el sostenimiento de las “competencias impropias”, es decir, aquéllas que funcionalmente no les correspondían, pero sí se ven obligados a gestionar para así atender la ausencia del Estado o de las Autonomías en servicios fundamentales, los cuales a la postre los ciudadanos les requieren y exigen por su condición de “Administración más próxima”.
La actividad y la presencia política y pública de los Ayuntamientos en aquellos años fueron muy intensas. Exigíamos sencillamente la aplicación de la Constitución y el reparto proporcional de los recursos del Estado entre las tres Administraciones. El lema era 50, 25 y 25, aludiendo a la proporción que a cada Administración le debía corresponder en la distribución de los gastos del Estado.
Incluso se llegó a celebrar un Congreso Extraordinario de la FEMP en La Coruña, donde el Gobierno acudió y aceptó una mesa de negociación, uno de cuyos frutos más importantes fue el garantizar la presencia de la FEMP en todas las instituciones de coordinación y gestión del Estado, que hasta entonces tan sólo admitían la presencia de las Autonomías.
Hoy la autonomía competencial y financiera de los Ayuntamientos sigue siendo la gran asignatura pendiente del desarrollo constitucional español. Su condición de institución del Estado, cada vez se ve más mermada por la insaciable sed de control de las Autonomías, que paulatinamente van normativamente convirtiendo a los Ayuntamientos en unas administraciones dependientes de su jurisdicción, negándoles su condición de Poder Territorial autónomo en las funciones que les son propias conforme a la Constitución vigente.
